El informe Durán

Los datos de la siniestralidad laboral, el reconocimiento de la existencia de un altísimo registro de las enfermedades profesionales y el olvido de la incidencia de las enfermedades relacionadas con el trabajo, junto con las movilizaciones de respuesta y denuncia que parte del movimiento sindical realiza a estas situaciones han provocado no sólo que la patronal intente diluir sus responsabilidades sino también que a la Unión Europea envíe un mensaje claro de que la actual situación debe cambiar en el Reino de España. Estas razones motivaron a Aznar a pedir a Federico Durán, entonces presidente del Consejo Económico y Social del Estado, la elaboración de un informe para «describir que está pasando en relación con los accidentes de trabajo, para saber que está pasando y para proponer, conocido lo anterior, medidas para que deje de pasar». Sin embargo la lectura del informe y el análisis de sus recomendaciones demuestra que en realidad lo único que se ha buscado es minimizar los datos estadísticos, avanzar en la privatización del sistema sanitario público, usurpar competencias que tenían las dos comunidades autonómicas en las que está dividida Hego Euskal Herria. En definitiva, negando la mayor que es el mayoritario incumplimiento de la legislación vigente, en prevención de riesgos laborales, por parte de la patronal se plantea el hacer más flexible dicha legislación. No puede extrañarnos dicho resultado pues este informe que se vanagloria de ser independiente no lo es tal cómo se observa al leer el listado de participantes donde si falta hasta una testimonial presencia de los sindicatos pero que esta plagado de políticos del PP que ocupan cargos en las Administraciones Públicas, en organizaciones empresariales como Mutuas, Anepa, etc. La respuesta por ello a la actual situación y a las falsas salidas que receta Durán va a ser una prioridad del sindicato LAB tanto en sus trabajos en el día a día cómo en sus intervenciones sociales. En este último aspecto consideramos necesario aportar nuestra crítica al Informe, provocar el debate social y denunciar que CCOO y UGT negocien en secreto en este ámbito también.