Especialidades legislativas para el sector agroalimentario en tiempos de COVID-19 en España

La situación epidemiológica que ha generado la crisis sanitaria como consecuencia del COVID-19 en España ha supuesto la adopción de determinadas medidas en casi todos los ámbitos de la economía. Incluso se ha utilizado para modificar aspectos que no estaban justificados por la urgencia o alarma de la situación sanitaria. El carácter esencial reconocido para la actividad agroalimentaria (agricultura, ganadería, acuicultura, pesca e industria alimentaria) ha permitido mantener la actividad durante todo el estado de alarma. Esta situación excepcional ha exigido medidas urgentes extraordinarias para contrarrestar el impacto económico y social del COVID-19. En el propio sector agrario, el Real Decreto-ley 13/2020 de 7 de abril de 2020 pretendía establecer como medida la compatibilidad de las prestaciones por desempleo u otras prestaciones sociales o laborales con el desempeño de tareas agrarias, atrayendo personas en situación de paro o cese de actividad, así como aquellos trabajadores cuyos contratos hayan sido suspendidos temporalmente o aquellos migrantes cuyo permiso de trabajo iba a finalizar en el período comprendido entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio de 2020 para atender las necesidades de la mano de obra existente. Asimismo, se han adoptado medidas para facilitar la inclusión de los trabajadores en el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios Autónomos (SETA), con un menor coste para los sujetos recibidos, mediante Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril de 2020, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. Para ello, se eliminan todas las condiciones que hasta ahora estaban relacionadas con la renta. Por último, el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo de 2020, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, agraria, científica, económica, laboral, de Seguridad Social y tributaria para paliar los efectos del COVID-19, se ha prorrogado por tres meses el contenido del Real Decreto-ley 13/2020, con el objetivo de garantizar la mano de obra suficiente para cubrir las necesidades agrícolas de verano.