Fortalezas y debilidades de la regulación española de la eutanasia

El derecho a la prestación de ayuda para morir y la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) culminan la evolución jurídica del reconocimiento de la autonomía y los derechos de los pacientes en el final de la vida en España. La LORE no reconoce un derecho a morir ni un derecho de libertad ilimitado, sino sujeto a determinadas condiciones para que cada persona pueda definir cuándo y cómo quiere finalizar su vida, desde ahora también a través de comportamientos positivos de los poderes públicos. La nueva regulación de la prestación de ayuda para morir es una norma legal de obligado cumplimiento en todo el territorio español, que delimita los derechos, obligaciones y responsabilidades de las partes implicadas y ofrece seguridad jurídica a sus destinatarios. La LORE pretende armonizar los bienes, valores y derechos en juego (dignidad, libertad, vida, integridad) y reconoce el derecho individual a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios que se opongan a participar por incompatibilidad con sus convicciones. Se trata de una norma muy garantista, con un doble y novedoso sistema de control, previo y posterior a la realización de la prestación. No obstante, son menores las garantías del procedimiento en el caso de pacientes en situación de incapacidad de hecho. El control previo consiste en la verificación del cumplimiento de los requisitos por parte del médico responsable, el médico consultor y la Comisión de Garantía y Evaluación correspondiente, mientras que el control posterior se encomienda a la mencionada comisión. La rápida entrada en vigor de la LORE ha dificultado su adecuada aplicación inicial. La interpretación sistemática de la LORE ayudará a resolver en la práctica las imprecisiones conceptuales y otros defectos legislativos de la norma. La LORE no da respuesta a todas las situaciones y necesidades de la atención al final de la vida. Convendría completar el panorama legislativo con una ley estatal sobre la dignidad en el proceso de morir semejante a los aprobadas por las comunidades autónomas en la última década. Sería importante constituir un órgano de seguimiento y evaluación de la prestación de ayuda para morir y, en general, de la atención en el final de la vida en España. Convendría desarrollar varias líneas de investigación y formación para garantizar una aplicación de la ley y una atención al final de la vida seguras, de calidad, equitativas y eficientes.