Impuesto criminal

Después de que aumentó la producción fácil y rápida de drogas sintéticas y de que en algunos estados de Estados Unidos se legalizó el consumo de marihuana el tráfico de drogas dejó de ser la principal fuente de ingresos para las organizaciones criminales en México. Este negocio comenzó a ser insostenible para los cárteles mexicanos, lo cual no tardaron en incursionar en un negocio más lucrativo. El crimen organizado ha diversificado sus actividades criminales, principalmente a través de la extorsión mediante el cobro de derecho de piso o “impuesto criminal” a todo tipo de negocios. De esta manera los grupos delictivos han encontrado en la extorsión no solo una forma de regular todo lo que pueda producir un capital, sino también de recuperar las ganancias que el declive del tráfico de drogas de origen vegetal les dejó tras el aumento del consumo y tráfico de las drogas sintéticas. Los grupos criminales acuden a los negocios y establecimientos para exigir, bajo amenazas, que los dueños paguen una cierta cantidad de dinero periódicamente. El objetivo es ofrecer “protección” ante la amenaza de dañar el negocio o a la persona dueña del establecimiento. El extorsionador se presenta como “el protector”, mientras que el delincuente puede ejercer violencia si la cuota no es pagada. “Para los criminales ya no hay actividad, giro o negocio formal o informal al que no extorsionen, además de controlar también ya mercados enteros en el país de productos como el pollo, las tortillas, el huevo, los materiales de construcción y muchas otras actividades que ya no pueden operar tranquila y legalmente si no le pagan cuotas e impuestos a los criminales. Y los que se niegan a pagar de plano son asesinados, ven arder sus negocios en llamas o, los más valientes, prefieren cerrar sus negocios familiares, empresas o vendimias, para no tener que pagarle impuestos al crimen organizado, además de los que ya le pagan al gobierno.” (García Soto, 2024) En México el crimen organizado ha determinado que a cualquier persona que produzca algo, venda cualquier cosa o comercie cualquier tipo de bienes y servicios, le pueden cobrar extorsiones cuyos montos oscilan desde los 50 mil hasta 1 millón de pesos mensuales, no importa si es un vendedor ambulante de la calle, un pequeño negocio familiar, una empresa mediana o incluso una gran cadena de supermercados. Se sospecha que la mayor parte de los homicidios dolosos registrados en el país están vinculados con el cobro de derecho de piso en bares, tiendas de abarrotes, comercios ambulantes, ganaderos, agricultores, transportistas, carniceros, gasolineras y panaderías. Los mexicanos estamos pagando una doble tributación: por un lado la de los gobiernos, y por otro, la del crimen organizado. Se han identificado al menos cinco cuotas diferentes que cobra el crimen organizado: derecho de piso, derecho de tránsito, extorsión telefónica, extorsión en carretera y seguridad familiar. Por lo cual la extorsión se ha convertido en su principal fuente de financiamiento. El delito de extorsión tiene altos niveles de cifra negra, es decir que no se denuncia ante las fiscalías o procuradurías estatales por temor de las víctimas a represalias de los delincuentes dedicados a extorsionar en el país en diferentes modalidades.