La constitucionalización del derecho penal en Ecuador

El proceso de constitucionalización del Derecho Penal en Ecuador, originado con la Carta Magna de 2008, instauró un Estado Constitucional de Derechos y Justicia que exige la subordinación del ius puniendi a los principios de proporcionalidad y última ratio. Mediante un análisis cualitativo que integra la exégesis normativa, la doctrina penal y el precedente jurisprudencial, se identifican graves tensiones entre el mandato garantista y la praxis judicial. A pesar de que la Corte Constitucional actúa como un órgano de control vital, la política criminal contemporánea, materializada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), ha derivado hacia un populismo punitivo caracterizado por la inflación de tipos penales y la criminalización sistemática de la protesta social. Esta desconexión entre el diseño constitucional y la realidad procesal se agrava por el uso abusivo de la prisión preventiva como pena anticipada y el abandono del fin preventivo especial de la rehabilitación social. La investigación concluye que la constitucionalización penal es un proyecto inacabado, donde persiste una brecha ostensible entre la norma suprema y la aplicación del derecho. Para mitigar esta crisis, es imperativo fortalecer el control de convencionalidad en sede jurisdiccional y promover una especialización técnica de los operadores de justicia que asegure la vigencia de los derechos fundamentales frente a las tendencias punitivistas del Estado.