El hacinamiento penitenciario y la transgresión del derecho fundamental a la salud en el establecimiento penal Cristo Rey de Cachiche de Ica – año 2022

Referirnos al hacinamiento penitenciario en el país, da cuenta de un sistema que encuentra su mayor crítica en la imposibilidad de resocializar a quien cometió un delito, pues ante la presencia de población penitenciaria excesiva, se expone a los internos a una serie de riesgos, que van desde ver peligrar su salud hasta la proliferación de un sistema criminal dentro de las mismas cárceles. En el caso del Perú, la situación por la que viene atravesando el sistema carcelario es bastante alarmante, pues diversos estudios sostienen que estas no tienen la capacidad de cumplir con los fines para los cuales se crearon, esto es, servir como un espacio de reeducación, rehabilitación y resocialización del interno. Por el contrario, los reclusorios se han convertido es focos de violencias, actos de corrupción, pero, sobre todo, se constituyen en escenario principal para violentar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. El Estado peruano otorga reconocimiento constitucional al derecho a la salud, mediante el artículo 7° de la Carta Magna, al garantizar su protección junto al medio familiar y a la comunidad.En el caso del sistema penitenciario, este dependerá de la política pública carcelaria que diseñen las autoridades responsables, para poder encaminar un sistema que verdaderamente propenda a la resocialización del interno en un ambiente adecuado y con pleno respeto de sus derechos humanos, garantizándole una permanencia digna, por lo que el derecho a la salud se constituirá en una base fundamental para comenzar a construir una política carcelaria eficiente. En vista de la realidad descrita, la misma que evidencia un problema sumamente grave pues pone en una situación de indefensión a los internos de los penales, así como expone a estas personas a la posibilidad de adquirir enfermedades, transgrediendo con ello su derecho fundamental a la salud, fallando el Estado en su deber de garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas, consideramos que nuestro estudio tenga como escenario el Penal Cristo Rey de Cachiche, en la ciudad de Ica, siendo nuestro espacio de tiempo el referido al año 2022.