La asistencia integral de profesionales adecuados en el proceso penal y el derecho a la defensa

La investigación examina el alcance y la eficacia del derecho a la defensa técnica en el proceso penal ecuatoriano, con especial atención a la cláusula del artículo 11 numeral 9 del Código Orgánico Integral Penal que reconoce para la víctima “asistencia integral de profesionales adecuados”. A partir de un enfoque cualitativo, dogmático, hermenéutico y sistemático, se analizó el entramado normativo interno Constitución de 2008, COIP, Código de la Función Judicial— y se contrastó con precedentes de la Corte Constitucional (2195-19-EP/21, 3068-18-EP/21, 4-19-EP/21) y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Ruano Torres, Barreto Leiva, Tibi). El estudio revela que, pese a la obligación convencional de garantizar una defensa “eficaz, oportuna y diligente”, la legislación ecuatoriana no fija estándares objetivos para definir qué constituye asistencia integral ni qué requisitos debe cumplir el profesional que representa a la víctima, generando vacíos que facilitan simulacros de patrocinio y vulneraciones al debido proceso. Se constata que la mera designación de un defensor sin preparación suficiente provoca nulidades procesales y reproduce la desigualdad entre partes. La investigación propone trasladar expresamente el adjetivo “eficaz” al núcleo del artículo 11-9, crear indicadores verificables de calidad preparación de teoría del caso, reuniones documentadas, fundamentación de recursos y dotar a la Defensoría de recursos humanos y logísticos que aseguren patrocinio especializado para imputados y víctimas. Concluir que la legitimidad del sistema penal depende de la articulación operativa entre defensa técnica y garantías de la víctima, y que sin estándares claros el derecho fundamental se reduce a un enunciado vacío, constituye el aporte central de este trabajo.