Análisis del debido proceso y del derecho a la defensa en la fase de admisibilidad del recurso de casación penal, creada mediante Resolución No.10-2015 por la Corte Nacional de Justicia.

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 76, número 7, letra m), establece el derecho de recurrir, garantizando a los ciudadanos la posibilidad de impugnar las decisiones judiciales mediante los recursos correspondientes. Sin embargo, este derecho, se vio limitado por la Resolución No. 10-2015, emitida por la Corte Nacional de Justicia, generando así un obstáculo para el ejercicio del derecho a recurrir, en contradicción con los derechos constitucionales como el debido proceso y el derecho a la defensa en la garantía de recurrir. La Corte Constitucional, mediante sentencia No. 8-19-IN/2021, dictada el 8 de diciembre de 2021 (p. 38), declaró la inconstitucionalidad por la forma de la Resolución No. 10-2015, fundamentando su decisión en el hecho de que la Corte Nacional de Justicia emitió una resolución, que se configuró como jurisprudencia vinculante, sin cumplir con el requisito previsto en el primer inciso del artículo 185 de la Constitución. Según este precepto constitucional, para que una resolución de la Corte Nacional de Justicia adquiera carácter de jurisprudencia obligatoria, es necesario que las salas especializadas de dicha Corte hayan reiterado al menos en tres ocasiones la misma posición sobre un punto de derecho, ya sea en sentencias o en autos con fuerza de sentencia, es decir, aquellas que ponen fin de manera definitiva a un proceso. La Corte Constitucional determinó que, al no haberse cumplido con este requisito de reiteración, la Resolución No. 10-2015 carecía de base jurídica para ser considerada como jurisprudencia vinculante.