Factores institucionales asociados a la morosidad en tarjetahabientes mujeres en Francisco Morazán

La morosidad en tarjetas de crédito constituye un desafío relevante para el sistema financiero hondureño, particularmente en el departamento de Francisco Morazán, donde las mujeres han incrementado de manera sostenida su participación en el crédito de consumo. Aunque este segmento presenta, en promedio, un mejor comportamiento de pago, la morosidad asociada a tarjetas de crédito continúa representando un riesgo institucional con implicaciones económicas y sociales. Este estudio analiza los factores institucionales asociados a la morosidad en tarjetahabientes mujeres en Francisco Morazán. Se utilizó un enfoque mixto con predominancia cualitativa, bajo un diseño no experimental de corte transversal. Se aplicaron encuestas estructuradas a 362 mujeres tarjetahabientes en condición de mora y entrevistas semiestructuradas a 17 colaboradores institucionales vinculados a los procesos de crédito y cobranza, complementadas con revisión normativa y documental. El análisis cuantitativo se realizó mediante estadística descriptiva y el cualitativo a través de categorización temática y triangulación de la información. Los hallazgos evidenciaron una reducción progresiva de la morosidad femenina, asociada a la aplicación de mecanismos institucionales de regularización, como acuerdos de pago, descuentos y ajustes de saldo. No obstante, se identificó una gestión de cobranza predominantemente reactiva, con activación posterior al atraso en un 52 % de los casos y limitadas propuestas de regularización temprana. Asimismo, persistieron brechas en la comprensión de los términos contractuales, percepciones de desajuste entre el límite de crédito otorgado y la capacidad real de pago, y una aplicación insuficientemente estandarizada de mecanismos preventivos y de educación financiera.  Los factores institucionales analizados inciden de manera significativa en la morosidad femenina en tarjetas de crédito. Si bien se observa una reducción del incumplimiento, esta responde principalmente a intervenciones correctivas, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la evaluación integral de la capacidad de pago, implementar estrategias preventivas y consolidar mecanismos estandarizados de educación financiera y seguimiento temprano.