Las políticas de vivienda en España: de la propiedad a la precarización

La vivienda es un pilar básico del sistema de bienestar, pues es una condición necesaria para el desarrollo de otros derechos fundamentales como la intimidad, la educación, la dignidad humana y la salud. La crisis financiera mundial de 2007 sigue teniendo un grave impacto en los ciudadanos de nuestro país, que ahora se combina con los efectos de las crisis derivadas de la COVID-19 (2020-2021) y la inflación (2022). En efecto, el proceso constante de urbanización, junto con el proceso de vaciamiento del espacio rural y la falta de viviendas sociales y asequibles, ha contribuido a que la vivienda sea inasequible en las principales zonas urbanas de nuestro país para las familias con menor poder adquisitivo. Sin embargo, las políticas públicas de vivienda multinivel han sido erráticas en los últimos años, sin proveer alternativas reales de acceso a la vivienda en propiedad (de la cual están excluidos los jóvenes y las familias con menos ingresos) o en alquiler (que sigue sin ser una alternativa realmente deseada a la propiedad de la vivienda), al tiempo que los intentos por aumentar el parque de vivienda social y asequible (por ejemplo, a través de expropiaciones o sanciones a los propietarios de viviendas vacías) han tenido un éxito limitado. Esto ha provocado una precarización progresiva de la tenencia y un aumento (e, incluso, su promoción por parte de los poderes públicos) de las situaciones de sinhogarismo oculto, como la okupación, la vivienda compartida, la sobreocupación o la infravivienda, sin que la Ley estatal de vivienda 12/2023 haya adoptado ninguna medida estructural para subsanar las lagunas existentes en el desarrollo del derecho a una vivienda digna y adecuada. El presente artículo analiza esta problemática y posibles soluciones estructurales en el problema de la vivienda, como la cohesión territorial o la diversificación de las tenencias de la vivienda.